Dom. Ene 24th, 2021

Santiago, 14 de enero 2020.- Esta mañana, en el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, la justicia dio por cerrada la investigación iniciada por querella contra delito a la salud pública presentada por el Instituto de Salud Pública (ISP) contra quien resulte responsable, basado en una denuncia de Sebastián Contreras, paciente oncológico y miembro de la Comisión de Salud de Revolución Democrática (RD), a quien, al parecer, el cannabis le generó efectos no deseados. En su testimonio de los hechos ocurridos hace casi dos años, alude a la Directora Ejecutiva de Fundación Daya, Ana María Gazmuri. La audiencia de comunicación de no perseverar en el procedimiento, que sólo tardó 5 minutos, estuvo a cargo de la magistrada Alicia Rosende.  “Estamos en el Centro de Justicia, donde nunca debimos haber estado, porque somos ciudadanos, somos usuarios medicinales de cannabis, somos familias que han encontrado en esta planta una mejor calidad de vida. No somos delincuentes, nos somos criminales, no somos traficantes: Estamos defendiendo el derecho soberano que nos asiste a encontrar las mejores vías para cuidar nuestra salud y la de la comunidad”, dijo la actriz y activista social, tras salir de la audiencia, donde estuvo acompañada de pacientes y usuarios de Cannabis Medicinal, junto a agrupaciones relacionadas como Fundación Mamá Cultiva, Fundación Tata Cultiva, entre otras. Compartimos la declaración pública que leyó después de la audiencia:  DECLARACIÓN PÚBLICA “Fundación Daya, en sus siete años de vida, se ha dedicado por completo a abrir caminos de alivio y bienestar mediante el uso medicinal del cannabis, respondiendo a la necesidad de miles de pacientes chilenos de acceder a opciones terapéuticas que permitan una mejor calidad de vida, mediante una atención cercana y humanizada, que reconoce al propio paciente como el protagonista de su proceso. Fomentamos la educación y el empoderamiento, el desarrollo de la autonomía y el ejercicio de la soberanía personal en los procesos terapéuticos. Defendemos la libertad de las y los ciudadanos para decidir, y los acompañamos en ese camino. Siete años en los que hemos visto el inmenso impacto del uso medicinal del cannabis en miles de familias chilenas, que han encontrado la posibilidad de una vida más digna. Pero este camino se ha visto empañado por el actuar de un Estado a ratos indolente, hasta indiferente con esta creciente realidad, al punto de ni siquiera asumir públicamente los pasos ya dados, como los cambios regulatorios del año 2015 que reconocen plenamente el uso medicinal del cannabis y legaliza la vía farmacéutica. Un Estado que se resiste a generar una adecuado y completo marco regulatorio para el cannabis y sus usos, un Estado que, en vez de hacerse responsable de su rol como garante de derechos, como anhelamos la inmensa mayoría, decide perseguir y criminalizar a los más vulnerables, a los enfermos, a aquellos que este sistema cruel en que vivimos desecha y abandona. Un Estado que pretende desconocer que el cultivo personal de cannabis es un derecho amparado por la Ley 20.000, causando un gravísimo daño a quienes decide perseguir. Esta sistemática vulneración de derechos de usuarios medicinales de cannabis ha contado afortunadamente con defensores y jueces que, paulatinamente, han ido despertado a esta realidad, realidad presente no solo en Chile, sino también en el resto de Latinoamérica y el mundo. Ha sido la Justicia la que, una y otra vez, ha fallado a favor de los usuarios de cannabis que ejercen el derecho soberano a cultivar sus propias plantas. Agradecemos en este sentido la gran labor realizada…

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