Sáb. Nov 28th, 2020

En el contexto de la persecución y criminalización que viven a diario los miles de pacientes usuarios de cannabis medicinal, este jueves 11 de abril a las 8:45 am, el abogado penalista y jefe Unidad de Corte de la Defensoría Penal Pública, Claudio Fierro, presentará un recurso de amparo a favor de Rodrigo Barraza, padre de un niño usuario de cannabis medicinal, quien ha sido injustamente formalizado por tráfico. La Corte Suprema revisará la medida cautelar impuesta a Rodrigo, quien cultivaba cannabis para el tratamiento de su hijo León, diagnosticado con autismo. Rodrigo se encuentra con arresto domiciliario desde el 14 de marzo, cuando ocho oficiales lo acorralaron, tiraron al piso y esposaron. “Teníamos 15 plantas en exterior para el tratamiento de un año completo para León. Estaban rotuladas, con todos los papeles necesarios para demostrar que es medicinal”, cuenta Katherine, pareja de Rodrigo. Los efectos adversos del tratamiento farmacéutico con el que estaba solo aumentaban su agresividad. Por lo mismo, decidieron probar con cannabis. Viajaron a Santiago para atenderse en Fundación Daya, donde tuvieron hora con el terapeuta especializado y el neurólogo infantil, Guillermo Fariña. “El cambio fue maravilloso. Con el aceite estaba relajado, se portaba super bien. Antes mis papás no se podían quedar con él, porque se arrancaba, ahora no. Conecta más con el entorno social, habla más, hasta le mejoró la relación con los compañeros del colegio”, afirma la mamá de León. Por una denuncia anónima, Rodrigo lleva casi un mes privado de libertad, sin ninguna prueba que acredite algún acto ilícito, es decir relacionado con tráfico, más allá de la mera tenencia de plantas; la Corte Suprema ya ha dictaminado antes que la mera tenencia de plantas no constituye flagrancia. El defensor de Rodrigo, Renato Cáceres, apeló la medida cautelar de arresto domiciliario, apelación que fue rechazada. “Nos negaron la apelación, nos trataron de traficantes, que queríamos matar a nuestro hijo por suministrarle este tratamiento”, relató la madre de León. El caso de León refleja la realidad de los miles de pacientes usuarios de cannabis que a diario sufren la amenaza cierta de ver vulnerados sus derechos. Por otra parte, ayer el Juzgado de Garantía de Limache revocó la medida de arresto domiciliario de Ivo Mena, paciente de Fundación Daya Quilpué quien, después de once meses de atropellos a sus derechos humanos, ha recobrado, al menos por ahora, su libertad. Ivo padece de un dolor rotuliano severo crónico, que mejoró considerablemente tratándose con cannabis medicinal. En casi un año de investigación, el Ministerio Público solo logró acreditar tenencia de plantas y flores de cannabis. Destacamos el trabajo de la jueza de garantía Claudia Reveco, quien reconoció la injusticia de este caso, devolviéndole su libertad a Ivo y afirmando que “se investiga para detener, no se detiene para investigar”. Por esto, desde Fundación Daya recalcamos la importancia del proyecto #LeyCultivoSeguro, modificación al Código Sanitario que permitirá que la prescripción médica sea autorización suficiente para el cultivo y cosecha personal de cannabis, para limitar las facultades de detención o incautación, cuando no hay antecedentes de tráfico. #LeyCultivoSeguro fue aprobado por amplia mayoría en la Cámara de Diputados, pasando a su segundo trámite constitucional en la Comisión de Salud del Senado. Es importante destacar que el proyecto cuenta con el apoyo transversal de parlamentarios como Carlos Montes (PS), Manuel José Ossandón (RN), José Miguel Durana (UDI), Jorge Pizarro (DC), Juan Ignacio Latorre (RD), entre otros.

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