Vie. Ene 22nd, 2021

A la espera de la discusión en el Senado sobre el proyecto para legalizar el cultivo de marihuana con fines terapéuticos, la Fundación Daya, partidaria de aprobar esa iniciativa, hizo llegar a CIPER esta columna del abogado Rodrigo Kong. El autor sostiene que este proyecto encierra “una disputa sobre derechos fundamentales”, los que “no pueden ser definidos de manera hegemónica por una élite farmacéutica y de medicina industrial, que ha intentado encerrar el debate en sus cuestionables términos”. Desde un punto de vista jurídico-penal, el autor asegura que el proyecto reafirma lo ya dictaminado por la Corte Suprema (solo debe penalizarse el cultivo destinado al tráfico ilegal), pero otorga, además, “una regulación clara y precisa que busca favorecer, descriminalizar y transparentar el uso de la planta como método terapéutico”. Hablar sobre la Ley Cultivo Seguro es referirse a una disputa sobre derechos fundamentales que no pueden ser definidos de manera hegemónica por una élite farmacéutica y de medicina industrial, la que ha intentado encerrar el debate en sus cuestionables términos. Una postura así no solo es sesgada, sino que es profundamente retrógrada y prohibicionista, lejos del progresismo pretendido por muchos de sus voceros. Corresponde en esta etapa al Senado y a la sociedad civil entender los verdaderos alcances de este debate y decidir en concordancia con valores de humanidad, respeto y compasión. La discusión de la Ley Cultivo Seguro en la Comisión de Salud del Senado, tan esperada por miles de pacientes usuarios de cannabis medicinal, así como por sus médicos tratantes, ha sido puesta en tabla desde comienzos de este año, después de haber sido aprobada con el 88% de los votos en la Cámara de Diputados. Como era imaginable, desde sectores contrarios a la aprobación de este proyecto han intentado confundir tanto a la población como a los parlamentarios, pretendiendo llevar el debate a ámbitos que le son ajenos, como lo sería la ponderación del peso de la evidencia científica, por una lado, así como la supuesta relación del cannabis medicinal con la baja percepción de riesgo y, por ende, con el consumo perjudicial en niñas, niños y adolescentes. Ambas falacias son fuertemente cuestionadas por actores de la comunidad médica y científica realmente dedicados a la práctica clínica con cannabis y a la investigación de las propiedades terapéuticas de la planta. Esto quedó claro en el concurrido conversatorio “La voz de los médicos que aplican terapias basadas en cannabis”, al que asistieron cerca de cien pacientes, además de los seis médicos expositores, entre los cuales se contaba  el doctor Ramiro Zepeda, investigador, doctor en farmacología de la Universidad de Chile y director del Centro de Alivio del Dolor, quien destacó que la lucha por el cannabis medicinal “trata de recuperar la autonomía de los pacientes y el derecho a decidir. El conocimiento no está cerrado a las castas científicas; el conocimiento es de todos”. Hagamos un poco de historia. El 4 de junio de 2015, en la causa Rol N° 4949-15, la excelentísima Corte Suprema dio un giro jurisprudencial, acogiendo un recurso de nulidad presentado por la Defensoría Penal Pública, en el cual solicitó la absolución de una persona que fue condenada por el Tribunal Oral en lo Penal de San Bernardo, por cultivar, sin la autorización del Servicio Agrícola y Ganadero, plantas de cannabis con fines rituales. En este fallo, el máximo tribunal del país reconoce abiertamente un principio fundamental de derecho penal que se debe tener en consideración en el momento de la activación de la persecución criminal en…

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