Mar. Oct 27th, 2020

Señor Director: Asociar el consumo de marihuana en la población escolar con la tramitación en el Congreso de una ley que pretende proteger el derecho a la salud de pacientes que actualmente usan cannabis con fines medicinales, como sugiere una reciente carta a este medio, distorsiona gravemente el sentido del debate en curso. Coincidimos plenamente en intensificar los esfuerzos de prevención del consumo de drogas a poblaciones jóvenes y grupos vulnerables, pero esto no puede ser a costa de instalar un complejo de culpa derivado de la supuesta disminución de la percepción de riesgo en jóvenes o estigmatizar una terapia que algunas cúpulas médicas chilenas no aprueban. El proyecto Ley Cultivo Seguro busca garantizar el debido resguardo de los derechos de otra población vulnerable, conformada por los miles de pacientes que actualmente cultivan cannabis para sus tratamientos médicos y que se encuentran expuestos al trauma de una criminalización injusta por problemas interpretativos de la Ley 20.000. En relación al uso medicinal del cannabis que los autores cuestionan, es conveniente hacer presente que en Estados Unidos existen 2,5 millones de pacientes que usan cannabis medicinal con acompañamiento y supervisión médica, tal como se propone en el proyecto que se discute en el Senado. Lo mismo ocurre en Canadá con 330 mil pacientes registrados; en Alemania 40 mil e Israel 38 mil; en este último se accede a través de los servicios de salud pública. Dinamarca, a partir de 2018 cubre los costos totales de tratamientos en base a cannabis a todos los pacientes con enfermedades terminales. Es difícil creer que estos países avancen sobre la base de “supuestos”, sino más bien sobre evidencia disponible. Chile no está tan atrasado, ya que jurídica y reglamentariamente el Estado ya se definió frente al uso medicinal del cannabis el 2006 con la Ley 20.000, que permite el cultivo para fines personales o para un tratamiento médico y el año 2015 con la modificación de los artículos 404 y 405 que permiten la importación, exportación y fabricación de fármacos en base a cannabis y su prescripción. Por tanto, es imperativo centrar la discusión en el sentido que posee y no retrotraer el debate a asuntos ya que se encuentran resueltos por el Estado de Chile. Lee la columna publicada aquí

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