Mar. Dic 1st, 2020

Fundación Daya, Fundación Mamá Cultiva  y otras organizaciones dedicadas al uso médico del cannabis, nos hemos reunido para manifestar la enorme preocupación que nos asiste, debido a la serie de detenciones injustas realizadas, número que se ha incrementado. Queremos evidenciar los injustos allanamientos a pacientes usuarios de cannabis medicinal, quienes han quedado sin su medicina por una mala aplicación de la Ley 20.000. La contingencia inmediata es lo sucedido ayer 17 de enero, cuando funcionarios de la Policía de Investigaciones allanaron la casa de Andrea, paciente de Fundación Daya Quilpué, a quien le quitaron sus plantas y la dejaron detenida en el calabozo de la comisaría de La Calera.  ¿El motivo?: cultivar plantas de cannabis que usaba para su tratamiento. A pesar de que contaba con su receta médica y papeles al día, Andrea no sólo debe pasar por un injusto proceso judicial, sino que además, quedó sin su tratamiento. Para empeorar la situación, Andrea ha debido pasar la noche en un calabozo de la ciudad de La Calera, a la espera de su formalización. Es doloroso ver policías y fiscales que siguen criminalizando a pacientes, quienes no encontraron alivio en la medicina tradicional y sí en el cannabis. Mientras la discusión de #LeyCultivoSeguro se aplaza en la Comisión de Salud del Senado, los más de 30 mil  pacientes usuarios de cannabis medicinal hoy se encuentran en riesgo de que se sigan vulnerando sus derechos. En lo que va del año ya hablamos de al menos 50 casos de pacientes que han sido allanados, quedando sin su tratamiento. Duele constatar el drama humano que se desata cuando las policías entran a las casas de gente que está sufriendo, acusando de narcotráfico e incautando las plantas que son la base de su tratamiento, desmoronando las esperanzas de una familia. El papel que juega la Fiscalía Nacional en este proceso es clave, porque decidir qué camino toman las investigaciones contra el narcotráfico es resorte de esa institución. Emplazamos al Fiscal Abbott para que reenfoque los recursos de la Fiscalía hacia la verdadera delincuencia, e instruya a los fiscales en todo Chile para entiendan la diferencia entre el autocultivo personal, lícito bajo la actual ley 20.000, lo que incluye el uso medicinal, y los delitos vinculados al micro y narcotráfico. No se trata sólo de una diferencia de interpretaciones de la ley: es hora de que la Fiscalía abandone el prohibicionismo y se dedique combatir el tráfico. Perseguir pacientes de cannabis es incluso mal mirado por agentes policiales serios, que sí entienden el fondo del problema. A eso le llaman despectivamente “jardinear”. No es justo este dañino “jardineo”. Una sociedad no avanza hacia el bienestar con este tipo de procedimientos. Esta visión crítica del actuar de la Fiscalía es compartida por numerosos abogados que nos acompañan hoy en este camino. Desde el mundo jurídico se extiende cada vez más la certeza de que la mala aplicación de la ley 20.000 causa un daño a las personas, contribuye a sobrecargar el sistema judicial y desnaturaliza el sentido de la ley misma. Además, afecta indudablemente los derechos fundamentales de pacientes y familias. Detener por plantar no es sólo una arbitrariedad: hace cómplice al Estado en la denegación del Estado al derecho a una salud digna. Es por ello que el estudio de abogados de Juan Pablo Hermosilla, junto a un grupo de abogados voluntarios comenzarán desde hoy un proceso de amparos individuales y colectivos a favor de los pacientes para evitar seguir siendo vulnerados en…

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